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El número de concursos desciende casi un 29% en el tercer trimestre de 2014

13.11.2014 Creado por admin Comments off

El INE ha publicado recientemente la Estadística del Procedimiento Concursal correspondiente al tercer trimestre de 2014, en la que se puede confirmar la tendencia que los medios llegan varios meses promulgando en el sentido de que la época de recesión está terminando y comienza una fase de crecimiento, leve, pero crecimiento.

Esta encuesta se ha realizado en base a cuestionarios enviados a diferentes juzgados, habiendo obtenido una tasa de respuestas de casi el 98%.

El primer dato que resalta es el número de concursos presentados que asciende a 1.401, lo que implica un descenso en el número de concursos del 29% respecto al año anterior. Analizando con mayor detalle estas cifras, observamos que las empresas con menos de 2 millones de euros de facturación son mucho más sensibles a la recesión, ya que suponen aproximadamente un 79% del total de los concursos presentados en el trimestre. Las empresas pequeñas tienen menos pulmón financiero, menos acceso al crédito, habitual, ente por falta de garantías aceptables para los bancos, lo que hace que el porcentaje mencionado sea tan importante.

Desgranando la información por sectores, y analizando el número de concursos declarados sobre el total de empresas de cada sector, llama la atención el sector de la construcción, que continúa siendo uno de los más castigados, pese a que llevamos arrastrando la crisis del ladrillo desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. Todos pensábamos que este sector ya había sufrido bastante, pero continúa en segundo lugar por número de concursos sobre el total de empresas del sector. En primer lugar de esta clasificación se sitúa el sector de “industria y energía”, en la que han declarado concurso el 0,1% de sus empresas en este trimestre.

Por último, y para acabar con un dato positivo, resalta el análisis de concursos por comunidad autónoma. En 16 de las 17 comunidades autónomas se ha producido un descenso interanual en el número de concursos, siendo Aragón la única que tiene una ligera variación positiva del 1,7%. Por tanto, el cambio de tendencia es algo generalizado en toda España, no únicamente en los grandes núcleos empresariales, como Madrid, Catalunya o el País Vasco. En Extremadura y Andalucía, por ejemplo, comunidades con tasas de desempleo más elevadas, y con un mayor nivel de recesión en los últimos años, el descenso en el número de concursos está igualmente por encima de la media.

En definitiva, estos datos objetivos y contrastables, nos ayudan a creer en los mensajes que nos bombardean de que estamos en la senda del crecimiento económico, gracias a Dios…

al contenido íntegro de la estadística publicada.

Puedes acceder aquí al contenido íntegro de la estadística publicada.

* Víctor Alió es Socio Director de Audalia

Estafa en nombre de Antonio Crespo Abogados / Fraud in Antonio Crespo Lawyers name / Betrug im Namen von Antonio Crespo – Rechtsanwalt

13.11.2014 Creado por admin Comments off

Recientemente hemos tenido conocimiento que alguien está usando el nombre de Antonio Crespo – Abogados para cometer una estafa ofreciendo una herencia fraudulenta.

Consiste en el envío de una carta, generalmente por fax, que utiliza el apellido del destinatario. Básicamente se indica que una persona (de la misma nacionalidad que el destinatario de la carta) que trabajaba en España falleció en accidente habiendo dejado un importante saldo en una entidad bancaria. El remitente se dice abogado del fallecido e indica que de no presentar a ningún familiar del fallecido, el banco bloqueará el saldo.

El estafador, tras disculparse por si la carta es contraria a la moral del destinatario e indicar que parte de lo que se recaudará se destinará a beneficiencia, ofrece compartir dicho saldo.
Los pasos siguientes serán la toma de datos y la solicitud de fondos.

Algunas víctimas son incluso contactadas por teléfono por una persona que habla alemán con acento español.

Este fraude ha sido denunciado ante las autoridades españolas.

Antonio Crespo es un abogado español que nada tiene que ver con este fraude.

Todos los datos de identidad consignados en esa carta son ficticios.

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Recently we have become aware that someone is using the name of Antonio Crespo – Lawyers to commit a scam offering a fraudulent inheritance.

It consists in sending a letter, generally by fax, using the last name of the recipient. It basically indicates that a person – of the same nationality as the letters addressee – who worked in Spain died in an accident having left an important balance in a bank. The sender explains that he is the deceased´s lawyer and indicates that of not presenting any relative the bank will block the balance.

The scammer, after apologizing if the letter is contrary to the recipients morality and indicating that part of what will be raised will go to charity, offers to share such balance. The following steps will be gathering data and the application of funds.

Some victims are even contacted on the phone by someone who speaks German with Spanish accent.

This fraud has been reported to the Spanish authorities.

Antonio Crespo is a Spanish lawyer who has nothing to do with this fraud.

All identity data entered in that letter are fictitious.

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Vor kurzem haben wir Erfahren, dass jemand den Namen von Antonio Crespo – Rechtsanwalt benutzt, um ein betrügerisches Erbe anzubieten.

Diese Person sendet ein Schreiben, in der Regel ein Fax, das den Nachnamen des Empfängers benutzt. Im Wesentlichen wird angegeben, dass eine Person (mit der gleichen Nationalität des Empfängers des Schreibens), die in Spanien arbeitete in einem Unfall zu Tode kam. Er soll eine nicht unwesentliche Summe in einer Bank hinterlassen haben. Der Absender stellt sich als Anwalt des Verstorbenen vor. Er erklärt, dass wenn er keinen Verwandten des Verstorbenen vorstellen kann die Bank die Summe einfrieren wird.

Nachdem der Betrüger sich entschuldigt, falls das Schreiben im Widerspruch zur Moral vom Empfänger steht und er angibt einen Teil von dem was eingenommen wird einem wohltätigen Zweck zugute kommt, bietet er an diese Summe zu teilen.

Einige Opfer wurden auch telefonisch durch eine Person kontaktiert, die Deutsch mit spanischen Akzent spricht.

Dieser Betrug wurde den spanischen Behörden gemeldet.

Antonio Crespo ist ein spanischer Anwalt, der nichts mit diesem Betrug zu tun hat.

Alle Identitätsdaten in diesem Schreiben sind frei erfunden.

El atractivo inversor de las reformas concursales por el RD 11/2014

12.11.2014 Creado por Cristina Montelongo Comments off

España está en la senda de la recuperación económica y del crecimiento. Esta idea, aseverada hasta la saciedad a lo largo del 2014 por las principales instituciones de gobierno y operadores económicos, y considerada más por sus detractores como un mantra que obviaría una fragilidad crítica, se encontraría en la base de un clima renovado muy atractivo para las inversiones extranjeras. Sin entrar a debatir aquí la cuestión, lo cierto es que España está ganando puntos en la visión internacional como potencial destino de inversiones directas.

Muestra de ello es la posición en el número 32 de 189 que España obtiene en el ranking ‘Doing Business 2015′ recientemente publicado por el Banco Mundial, que refleja las facilidades que ofrecen los países estudiados para hacer negocios, y con el que abandona el puesto 52 en el que se colocó en el mismo ranking publicado en el 2012. Según esta lista, cuatro factores han determinado la obtención de la clasificación mejorada, entre los que se encuentra la introducción de nueva legislación en materia de problemas de insolvencia.

El auge de los empeños reformadores del ejecutivo en diversas materias -laboral, fiscales, etc- se refleja en la última reforma de la Ley Concursal operada por el Real Decreto-Ley 11/2014 de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, con entrada en vigor el 8 de septiembre de 2014. La reforma, de gran profundidad y calado, introduce facilidades en la transmisión de unidades productivas de una sociedad concursada en todas las fases del concurso, lo que puede despertar el interés de inversores extranjeros en la adquisición de establecimientos y explotaciones de estas sociedades -muchas veces a precio de saldo-, que sirvan para el desarrollo de sus negocios en nuestro país.

En concreto, en materia de liquidación de la sociedad concursada, el capítulo II del Título V de la Ley Concursal, sufre diversas modificaciones. Respecto de los procedimientos que se hallan en trámite a su entrada en vigor, el RD 11/2014, a través de disposiciones transitorias, establece la aplicabilidad de los nuevos artículos de la Ley Concursal dependiendo del momento de la tramitación en que se hallen.

Así, se introduce un novedoso precepto 146 bis, que favorece la cesión al adquirente de las unidades productivas de los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. De esta forma, se prevé la subrogación ipso iure en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte en el contrato. En lo relativo a contratos administrativos, la cesión se producirá conforme al artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se establecen una serie de requisitos para que la cesión de derechos y obligaciones del contrato pueda llevarse a cabo, como por ejemplo que las cualidades técnicas o personales del cedente no hubieran sido determinantes para la adjudicación del contrato o que la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

La redacción y la ubicación de este nuevo artículo es criticable por los interrogantes que genera, cuya respuesta deberá darse por vía interpretativa a través de la labor de los juzgados y tribunales. Desde luego, la contraparte en el contrato que se cede tendrá mucho que decir respecto de la falta de su consentimiento para la cesión, sobre todo respecto de los que puedan contener cláusulas de cambio de control o en los que la identidad o competencias de la sociedad concursada fueron un factor decisivo para su celebración. Por el contrario, desde el punto de vista de un inversor, esta apertura a la subrogación en casos pacíficos puede resultar un aliciente de cara a asegurarse la continuidad de la actividad empresarial de la unidad productiva que adquiera.

El segundo apartado del mismo artículo estipula que también se cederán las licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones; por su parte, el tercer apartado deja a salvo la voluntad del adquirente de que no se produzca las cesiones referidas, para lo que debe manifestarse expresamente, sin perjuicio a efectos laborales de la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta última salvedad en los casos de sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores supone que la exención de pago de las deudas de la concursada por el adquirente de la unidad productiva, referida a continuación, no tenga virtualidad en caso de deudas laborales preexistentes a la adquisición, muy problemáticas en la práctica, lo cual podría perjudicar el atractivo inversor de las oportunidades de compra de explotaciones que se presentan en sede concursal.

Más allá de la problemática de las deudas laborales, el apartado cuarto del artículo 146 bis estipula la exención del adquirente de la unidad productiva del pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente hubiera asumido expresamente esa obligación o existiese disposición legal en contrario, y sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 149.2 de la Ley Concursal. Esta exclusión no es aplicable si el adquirente fuera persona especialmente relacionada con el concursado. La previsión beneficia al inversor adquirente, que se libra del riesgo de que la contraparte en el contrato cedido ejercite la resolución por incumplimiento a causa de las deudas impagadas y anteriores a la subrogación.

En lo relativo al régimen transitorio del RD 11/2014 y los procedimientos que se hallan en trámite a 28 de septiembre de 2014, este nuevo artículo 146 bis se aplicará únicamente a los procesos en los que no se haya iniciado la fase de liquidación, sin que se entienda bien por qué no puede extenderse a aquellos procesos en fase de liquidación en los que aún no se haya aprobado el plan de liquidación.

Es más, con la nueva redacción del artículo 43 de la Ley Concursal, y por remisión, la venta de la unidad productiva conforme al artículo 146 bis puede hacerse en cualquier fase del concurso de acreedores.

El campo de oportunidades de adquisición de unidades productivas en fase de liquidación se amplía dado que el nuevo artículo 149 de la Ley Concursal establece la posibilidad de que las unidades productivas se enajenen directamente o a través de entidad especializada ahora sin necesidad de que la subasta que se celebre para su enajenación quede desierta, e incluso si a juicio de la administración concursal esta forma de enajenación es más favorable para los intereses del concurso. Para el inversor es beneficiosa la nueva redacción, pues supera el peligro de que la integridad de la unidad productiva se vea perjudicada porque el acreedor ejercite un derecho a que los bienes o derechos sujetos a garantía real y que sean parte de la unidad productiva se realicen separadamente. Por lo demás, operan otras modificaciones en el artículo 149 relativas a la transmisión con subsistencia o sin subsistencia de la garantía real.

Por último, el inversor que se plantee la adquisición de unidades productivas de empresas concursadas, ha de saber que el criterio de la administración concursal juega un papel influyente en las ofertas que los interesados presentasen al efecto, pues el nuevo apartado 5º del artículo 75.2 de la Ley Concursal, desplaza la responsabilidad de la primera valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas a la administración concursal, valoración que debe añadir a su informe.

*Cristina Montelongo es Asesor legal en el Área de Legal