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Pros y contras de Ley 21/2014, de 4 de Noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la ley de propiedad intelectual

01.12.2014 Creado por Elvira Bianqui Comments off

El pasado 5 de noviembre de 2014 fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La citada Ley, transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas 2011/77/UE del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, y 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.

Tal y como se deduce de lo expuesto en la exposición de motivos de la citada ley, y tras anunciar una reforma integral de la Ley de Propiedad intelectual a corto plazo, las citadas novedades legislativas se justifican, en el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías digitales de la información y de las redes informáticas descentralizadas, que han tenido un fuerte impacto sobre los derechos de propiedad intelectual.

Las novedades recogidas en esta ley pueden agruparse en tres bloques:

I. La revisión del sistema de copia privada.

Conforme a ello, dejan de estar amparadas bajo el límite de copia privada, las reproducciones para uso profesional o empresarial, reproducciones a partir de soportes físicos que no sean propiedad del usuario, incluyéndose aquellas no adquiridas por compraventa mercantil y mediante comunicación pública, salvo las reproducciones individuales de obras a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública. De acuerdo con la nueva regulación, estas reproducciones, cuando carezcan de autorización, devienen ilícitas y no podrán ser objeto de la compensación equitativa. La compensación equitativa se realizará a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y el pago se realizará a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Por último, en cuanto a la cita y reseña e ilustración con fines educativos o de investigación científica, en lo relativo a la obra impresa, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica, ha de estar siempre sujeta a autorización. No se alterará la regulación de la cita e ilustración de la enseñanza, salvo en el supuesto de obras en forma de libros de texto, manuales universitarios y publicaciones asimiladas, así como respecto a obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, a partir de ahora no se circunscribirá solo a las aulas, sino que se contempla de manera general para cubrir otros tipos de enseñanza como la enseñanza presencial y en línea.

II. El diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión de propiedad intelectual.

Se introduce un catálogo de obligaciones de las entidades de gestión para las Administraciones Públicas y asociados, y en concreto con la rendición anual de cuentas. Se incluye un cuadro de infracciones y sanciones que permitan exigir a las entidades de gestión responsabilidades administrativas por el incumplimiento de obligaciones legales, se delimitan los ámbitos de responsabilidad ejecutiva de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, y se modifica la regulación de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, ampliando sus competencias e incluyendo la determinación de tarifas y el control de las mismas para que sean equitativas y no discriminatorias.

III. El fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos que permita el impulso de la oferta legal en el entorno digital.

Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, introduciéndose la posibilidad de solicitar a los prestadores de servicios de la sociedad de la información datos que permitan identificar a los presuntos infractores.

Por otro lado, dentro del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se prevé que será responsable como infractor quien induzca dolosamente la conducta infractora, quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor.

Asimismo, se dota de mecanismos más eficaces de reacción frente a las vulneraciones cometidas por prestadores de servicios de la sociedad de la información que no cumplan de manera voluntaria con los requerimientos de retirada que le sean dirigidos por aquella. Además, en caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada, los prestadores que vulneren derechos de propiedad intelectual serán sancionados administrativamente. Los prestadores de servicios que vulneren estos derechos, facilitarán la descripción o la localización de obras o prestaciones que se ofrezcan sin autorización, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica.

La introducción de estas novedades legislativas en el ordenamiento jurídico, es del todo controvertida, en cuanto a que vetan en internet una práctica tan común como es el acto de compartir contenidos y el uso de enlaces, gravando este tipo de prácticas a través de una compensación irrenunciable o canon a favor de los autores de contenidos con finalidad informativa.

Esto puede parecer bien o mal, depende del ángulo por el que se mire, es indudable, que debido al rápido crecimiento de las tecnologías digitales de la información y redes informáticas, se hace irremediablemente necesario adaptar las leyes a esta nueva situación. En concreto nos referimos a poner freno al intercambio de información de manera masiva sin tener en cuenta las fuentes y los autores de dichas obras, así como, crear más seguridad jurídica, dotando de cierta protección a los titulares de estas y evitar un aprovechamiento continuo del trabajo ajeno mediante la difusión de las mismas, a través de compartir contenidos y el uso de enlaces.

Sin duda lo anterior, junto con el endurecimiento del régimen sancionador para las vulneraciones que se produzcan en este campo, ayudará a combatir el “todo vale” en este tipo de prácticas. Sin embargo, no podemos obviar, el hecho de que se extiende el concepto de infractor para cualquier persona que tenga un sitio web, y facilite enlaces a sitios que sean susceptibles de autorización y del consiguiente pago del canon, por lo que todos podemos ser infractores en este sentido. Además, el hecho de que los titulares de estas obras, dispongan de un derecho irrenunciable a percibir el mismo, indudablemente afectará de manera exponencial a que los editores de los medios enlazados, puesto que se reducirá en gran medida el trafico derivado de este tipo de prácticas a sus sitios web, y por consiguiente, de los beneficios que puedan derivarse del mismo a los titulares de las páginas enlazadas. De igual forma, en el ámbito de la enseñanza, y en concreto de las universidades, influirá negativamente en los costes en los necesariamente deberán incurrir, en cuanto al uso de citas de autores en sus campus virtuales, lo que se desconoce si acabará teniendo una repercusión económica en el bolsillo de los estudiantes.

* Elvira Bianqui es Abogada del Área de Audalia Legal

Estafa en nombre de Antonio Crespo Abogados / Fraud in Antonio Crespo Lawyers name / Betrug im Namen von Antonio Crespo – Rechtsanwalt

13.11.2014 Creado por admin Comments off

Recientemente hemos tenido conocimiento que alguien está usando el nombre de Antonio Crespo – Abogados para cometer una estafa ofreciendo una herencia fraudulenta.

Consiste en el envío de una carta, generalmente por fax, que utiliza el apellido del destinatario. Básicamente se indica que una persona (de la misma nacionalidad que el destinatario de la carta) que trabajaba en España falleció en accidente habiendo dejado un importante saldo en una entidad bancaria. El remitente se dice abogado del fallecido e indica que de no presentar a ningún familiar del fallecido, el banco bloqueará el saldo.

El estafador, tras disculparse por si la carta es contraria a la moral del destinatario e indicar que parte de lo que se recaudará se destinará a beneficiencia, ofrece compartir dicho saldo.
Los pasos siguientes serán la toma de datos y la solicitud de fondos.

Algunas víctimas son incluso contactadas por teléfono por una persona que habla alemán con acento español.

Este fraude ha sido denunciado ante las autoridades españolas.

Antonio Crespo es un abogado español que nada tiene que ver con este fraude.

Todos los datos de identidad consignados en esa carta son ficticios.

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Recently we have become aware that someone is using the name of Antonio Crespo – Lawyers to commit a scam offering a fraudulent inheritance.

It consists in sending a letter, generally by fax, using the last name of the recipient. It basically indicates that a person – of the same nationality as the letters addressee – who worked in Spain died in an accident having left an important balance in a bank. The sender explains that he is the deceased´s lawyer and indicates that of not presenting any relative the bank will block the balance.

The scammer, after apologizing if the letter is contrary to the recipients morality and indicating that part of what will be raised will go to charity, offers to share such balance. The following steps will be gathering data and the application of funds.

Some victims are even contacted on the phone by someone who speaks German with Spanish accent.

This fraud has been reported to the Spanish authorities.

Antonio Crespo is a Spanish lawyer who has nothing to do with this fraud.

All identity data entered in that letter are fictitious.

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Vor kurzem haben wir Erfahren, dass jemand den Namen von Antonio Crespo – Rechtsanwalt benutzt, um ein betrügerisches Erbe anzubieten.

Diese Person sendet ein Schreiben, in der Regel ein Fax, das den Nachnamen des Empfängers benutzt. Im Wesentlichen wird angegeben, dass eine Person (mit der gleichen Nationalität des Empfängers des Schreibens), die in Spanien arbeitete in einem Unfall zu Tode kam. Er soll eine nicht unwesentliche Summe in einer Bank hinterlassen haben. Der Absender stellt sich als Anwalt des Verstorbenen vor. Er erklärt, dass wenn er keinen Verwandten des Verstorbenen vorstellen kann die Bank die Summe einfrieren wird.

Nachdem der Betrüger sich entschuldigt, falls das Schreiben im Widerspruch zur Moral vom Empfänger steht und er angibt einen Teil von dem was eingenommen wird einem wohltätigen Zweck zugute kommt, bietet er an diese Summe zu teilen.

Einige Opfer wurden auch telefonisch durch eine Person kontaktiert, die Deutsch mit spanischen Akzent spricht.

Dieser Betrug wurde den spanischen Behörden gemeldet.

Antonio Crespo ist ein spanischer Anwalt, der nichts mit diesem Betrug zu tun hat.

Alle Identitätsdaten in diesem Schreiben sind frei erfunden.

El atractivo inversor de las reformas concursales por el RD 11/2014

12.11.2014 Creado por Cristina Montelongo Comments off

España está en la senda de la recuperación económica y del crecimiento. Esta idea, aseverada hasta la saciedad a lo largo del 2014 por las principales instituciones de gobierno y operadores económicos, y considerada más por sus detractores como un mantra que obviaría una fragilidad crítica, se encontraría en la base de un clima renovado muy atractivo para las inversiones extranjeras. Sin entrar a debatir aquí la cuestión, lo cierto es que España está ganando puntos en la visión internacional como potencial destino de inversiones directas.

Muestra de ello es la posición en el número 32 de 189 que España obtiene en el ranking ‘Doing Business 2015′ recientemente publicado por el Banco Mundial, que refleja las facilidades que ofrecen los países estudiados para hacer negocios, y con el que abandona el puesto 52 en el que se colocó en el mismo ranking publicado en el 2012. Según esta lista, cuatro factores han determinado la obtención de la clasificación mejorada, entre los que se encuentra la introducción de nueva legislación en materia de problemas de insolvencia.

El auge de los empeños reformadores del ejecutivo en diversas materias -laboral, fiscales, etc- se refleja en la última reforma de la Ley Concursal operada por el Real Decreto-Ley 11/2014 de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, con entrada en vigor el 8 de septiembre de 2014. La reforma, de gran profundidad y calado, introduce facilidades en la transmisión de unidades productivas de una sociedad concursada en todas las fases del concurso, lo que puede despertar el interés de inversores extranjeros en la adquisición de establecimientos y explotaciones de estas sociedades -muchas veces a precio de saldo-, que sirvan para el desarrollo de sus negocios en nuestro país.

En concreto, en materia de liquidación de la sociedad concursada, el capítulo II del Título V de la Ley Concursal, sufre diversas modificaciones. Respecto de los procedimientos que se hallan en trámite a su entrada en vigor, el RD 11/2014, a través de disposiciones transitorias, establece la aplicabilidad de los nuevos artículos de la Ley Concursal dependiendo del momento de la tramitación en que se hallen.

Así, se introduce un novedoso precepto 146 bis, que favorece la cesión al adquirente de las unidades productivas de los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. De esta forma, se prevé la subrogación ipso iure en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte en el contrato. En lo relativo a contratos administrativos, la cesión se producirá conforme al artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se establecen una serie de requisitos para que la cesión de derechos y obligaciones del contrato pueda llevarse a cabo, como por ejemplo que las cualidades técnicas o personales del cedente no hubieran sido determinantes para la adjudicación del contrato o que la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

La redacción y la ubicación de este nuevo artículo es criticable por los interrogantes que genera, cuya respuesta deberá darse por vía interpretativa a través de la labor de los juzgados y tribunales. Desde luego, la contraparte en el contrato que se cede tendrá mucho que decir respecto de la falta de su consentimiento para la cesión, sobre todo respecto de los que puedan contener cláusulas de cambio de control o en los que la identidad o competencias de la sociedad concursada fueron un factor decisivo para su celebración. Por el contrario, desde el punto de vista de un inversor, esta apertura a la subrogación en casos pacíficos puede resultar un aliciente de cara a asegurarse la continuidad de la actividad empresarial de la unidad productiva que adquiera.

El segundo apartado del mismo artículo estipula que también se cederán las licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones; por su parte, el tercer apartado deja a salvo la voluntad del adquirente de que no se produzca las cesiones referidas, para lo que debe manifestarse expresamente, sin perjuicio a efectos laborales de la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta última salvedad en los casos de sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores supone que la exención de pago de las deudas de la concursada por el adquirente de la unidad productiva, referida a continuación, no tenga virtualidad en caso de deudas laborales preexistentes a la adquisición, muy problemáticas en la práctica, lo cual podría perjudicar el atractivo inversor de las oportunidades de compra de explotaciones que se presentan en sede concursal.

Más allá de la problemática de las deudas laborales, el apartado cuarto del artículo 146 bis estipula la exención del adquirente de la unidad productiva del pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente hubiera asumido expresamente esa obligación o existiese disposición legal en contrario, y sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 149.2 de la Ley Concursal. Esta exclusión no es aplicable si el adquirente fuera persona especialmente relacionada con el concursado. La previsión beneficia al inversor adquirente, que se libra del riesgo de que la contraparte en el contrato cedido ejercite la resolución por incumplimiento a causa de las deudas impagadas y anteriores a la subrogación.

En lo relativo al régimen transitorio del RD 11/2014 y los procedimientos que se hallan en trámite a 28 de septiembre de 2014, este nuevo artículo 146 bis se aplicará únicamente a los procesos en los que no se haya iniciado la fase de liquidación, sin que se entienda bien por qué no puede extenderse a aquellos procesos en fase de liquidación en los que aún no se haya aprobado el plan de liquidación.

Es más, con la nueva redacción del artículo 43 de la Ley Concursal, y por remisión, la venta de la unidad productiva conforme al artículo 146 bis puede hacerse en cualquier fase del concurso de acreedores.

El campo de oportunidades de adquisición de unidades productivas en fase de liquidación se amplía dado que el nuevo artículo 149 de la Ley Concursal establece la posibilidad de que las unidades productivas se enajenen directamente o a través de entidad especializada ahora sin necesidad de que la subasta que se celebre para su enajenación quede desierta, e incluso si a juicio de la administración concursal esta forma de enajenación es más favorable para los intereses del concurso. Para el inversor es beneficiosa la nueva redacción, pues supera el peligro de que la integridad de la unidad productiva se vea perjudicada porque el acreedor ejercite un derecho a que los bienes o derechos sujetos a garantía real y que sean parte de la unidad productiva se realicen separadamente. Por lo demás, operan otras modificaciones en el artículo 149 relativas a la transmisión con subsistencia o sin subsistencia de la garantía real.

Por último, el inversor que se plantee la adquisición de unidades productivas de empresas concursadas, ha de saber que el criterio de la administración concursal juega un papel influyente en las ofertas que los interesados presentasen al efecto, pues el nuevo apartado 5º del artículo 75.2 de la Ley Concursal, desplaza la responsabilidad de la primera valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas a la administración concursal, valoración que debe añadir a su informe.

*Cristina Montelongo es Asesor legal en el Área de Legal