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Estafa en nombre de Antonio Crespo Abogados / Fraud in Antonio Crespo Lawyers name / Betrug im Namen von Antonio Crespo – Rechtsanwalt

13.11.2014 Creado por admin Comments off

Recientemente hemos tenido conocimiento que alguien está usando el nombre de Antonio Crespo – Abogados para cometer una estafa ofreciendo una herencia fraudulenta.

Consiste en el envío de una carta, generalmente por fax, que utiliza el apellido del destinatario. Básicamente se indica que una persona (de la misma nacionalidad que el destinatario de la carta) que trabajaba en España falleció en accidente habiendo dejado un importante saldo en una entidad bancaria. El remitente se dice abogado del fallecido e indica que de no presentar a ningún familiar del fallecido, el banco bloqueará el saldo.

El estafador, tras disculparse por si la carta es contraria a la moral del destinatario e indicar que parte de lo que se recaudará se destinará a beneficiencia, ofrece compartir dicho saldo.
Los pasos siguientes serán la toma de datos y la solicitud de fondos.

Algunas víctimas son incluso contactadas por teléfono por una persona que habla alemán con acento español.

Este fraude ha sido denunciado ante las autoridades españolas.

Antonio Crespo es un abogado español que nada tiene que ver con este fraude.

Todos los datos de identidad consignados en esa carta son ficticios.

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Recently we have become aware that someone is using the name of Antonio Crespo – Lawyers to commit a scam offering a fraudulent inheritance.

It consists in sending a letter, generally by fax, using the last name of the recipient. It basically indicates that a person – of the same nationality as the letters addressee – who worked in Spain died in an accident having left an important balance in a bank. The sender explains that he is the deceased´s lawyer and indicates that of not presenting any relative the bank will block the balance.

The scammer, after apologizing if the letter is contrary to the recipients morality and indicating that part of what will be raised will go to charity, offers to share such balance. The following steps will be gathering data and the application of funds.

Some victims are even contacted on the phone by someone who speaks German with Spanish accent.

This fraud has been reported to the Spanish authorities.

Antonio Crespo is a Spanish lawyer who has nothing to do with this fraud.

All identity data entered in that letter are fictitious.

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Vor kurzem haben wir Erfahren, dass jemand den Namen von Antonio Crespo – Rechtsanwalt benutzt, um ein betrügerisches Erbe anzubieten.

Diese Person sendet ein Schreiben, in der Regel ein Fax, das den Nachnamen des Empfängers benutzt. Im Wesentlichen wird angegeben, dass eine Person (mit der gleichen Nationalität des Empfängers des Schreibens), die in Spanien arbeitete in einem Unfall zu Tode kam. Er soll eine nicht unwesentliche Summe in einer Bank hinterlassen haben. Der Absender stellt sich als Anwalt des Verstorbenen vor. Er erklärt, dass wenn er keinen Verwandten des Verstorbenen vorstellen kann die Bank die Summe einfrieren wird.

Nachdem der Betrüger sich entschuldigt, falls das Schreiben im Widerspruch zur Moral vom Empfänger steht und er angibt einen Teil von dem was eingenommen wird einem wohltätigen Zweck zugute kommt, bietet er an diese Summe zu teilen.

Einige Opfer wurden auch telefonisch durch eine Person kontaktiert, die Deutsch mit spanischen Akzent spricht.

Dieser Betrug wurde den spanischen Behörden gemeldet.

Antonio Crespo ist ein spanischer Anwalt, der nichts mit diesem Betrug zu tun hat.

Alle Identitätsdaten in diesem Schreiben sind frei erfunden.

El atractivo inversor de las reformas concursales por el RD 11/2014

12.11.2014 Creado por Cristina Montelongo Comments off

España está en la senda de la recuperación económica y del crecimiento. Esta idea, aseverada hasta la saciedad a lo largo del 2014 por las principales instituciones de gobierno y operadores económicos, y considerada más por sus detractores como un mantra que obviaría una fragilidad crítica, se encontraría en la base de un clima renovado muy atractivo para las inversiones extranjeras. Sin entrar a debatir aquí la cuestión, lo cierto es que España está ganando puntos en la visión internacional como potencial destino de inversiones directas.

Muestra de ello es la posición en el número 32 de 189 que España obtiene en el ranking ‘Doing Business 2015′ recientemente publicado por el Banco Mundial, que refleja las facilidades que ofrecen los países estudiados para hacer negocios, y con el que abandona el puesto 52 en el que se colocó en el mismo ranking publicado en el 2012. Según esta lista, cuatro factores han determinado la obtención de la clasificación mejorada, entre los que se encuentra la introducción de nueva legislación en materia de problemas de insolvencia.

El auge de los empeños reformadores del ejecutivo en diversas materias -laboral, fiscales, etc- se refleja en la última reforma de la Ley Concursal operada por el Real Decreto-Ley 11/2014 de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, con entrada en vigor el 8 de septiembre de 2014. La reforma, de gran profundidad y calado, introduce facilidades en la transmisión de unidades productivas de una sociedad concursada en todas las fases del concurso, lo que puede despertar el interés de inversores extranjeros en la adquisición de establecimientos y explotaciones de estas sociedades -muchas veces a precio de saldo-, que sirvan para el desarrollo de sus negocios en nuestro país.

En concreto, en materia de liquidación de la sociedad concursada, el capítulo II del Título V de la Ley Concursal, sufre diversas modificaciones. Respecto de los procedimientos que se hallan en trámite a su entrada en vigor, el RD 11/2014, a través de disposiciones transitorias, establece la aplicabilidad de los nuevos artículos de la Ley Concursal dependiendo del momento de la tramitación en que se hallen.

Así, se introduce un novedoso precepto 146 bis, que favorece la cesión al adquirente de las unidades productivas de los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. De esta forma, se prevé la subrogación ipso iure en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte en el contrato. En lo relativo a contratos administrativos, la cesión se producirá conforme al artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se establecen una serie de requisitos para que la cesión de derechos y obligaciones del contrato pueda llevarse a cabo, como por ejemplo que las cualidades técnicas o personales del cedente no hubieran sido determinantes para la adjudicación del contrato o que la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

La redacción y la ubicación de este nuevo artículo es criticable por los interrogantes que genera, cuya respuesta deberá darse por vía interpretativa a través de la labor de los juzgados y tribunales. Desde luego, la contraparte en el contrato que se cede tendrá mucho que decir respecto de la falta de su consentimiento para la cesión, sobre todo respecto de los que puedan contener cláusulas de cambio de control o en los que la identidad o competencias de la sociedad concursada fueron un factor decisivo para su celebración. Por el contrario, desde el punto de vista de un inversor, esta apertura a la subrogación en casos pacíficos puede resultar un aliciente de cara a asegurarse la continuidad de la actividad empresarial de la unidad productiva que adquiera.

El segundo apartado del mismo artículo estipula que también se cederán las licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones; por su parte, el tercer apartado deja a salvo la voluntad del adquirente de que no se produzca las cesiones referidas, para lo que debe manifestarse expresamente, sin perjuicio a efectos laborales de la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta última salvedad en los casos de sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores supone que la exención de pago de las deudas de la concursada por el adquirente de la unidad productiva, referida a continuación, no tenga virtualidad en caso de deudas laborales preexistentes a la adquisición, muy problemáticas en la práctica, lo cual podría perjudicar el atractivo inversor de las oportunidades de compra de explotaciones que se presentan en sede concursal.

Más allá de la problemática de las deudas laborales, el apartado cuarto del artículo 146 bis estipula la exención del adquirente de la unidad productiva del pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente hubiera asumido expresamente esa obligación o existiese disposición legal en contrario, y sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 149.2 de la Ley Concursal. Esta exclusión no es aplicable si el adquirente fuera persona especialmente relacionada con el concursado. La previsión beneficia al inversor adquirente, que se libra del riesgo de que la contraparte en el contrato cedido ejercite la resolución por incumplimiento a causa de las deudas impagadas y anteriores a la subrogación.

En lo relativo al régimen transitorio del RD 11/2014 y los procedimientos que se hallan en trámite a 28 de septiembre de 2014, este nuevo artículo 146 bis se aplicará únicamente a los procesos en los que no se haya iniciado la fase de liquidación, sin que se entienda bien por qué no puede extenderse a aquellos procesos en fase de liquidación en los que aún no se haya aprobado el plan de liquidación.

Es más, con la nueva redacción del artículo 43 de la Ley Concursal, y por remisión, la venta de la unidad productiva conforme al artículo 146 bis puede hacerse en cualquier fase del concurso de acreedores.

El campo de oportunidades de adquisición de unidades productivas en fase de liquidación se amplía dado que el nuevo artículo 149 de la Ley Concursal establece la posibilidad de que las unidades productivas se enajenen directamente o a través de entidad especializada ahora sin necesidad de que la subasta que se celebre para su enajenación quede desierta, e incluso si a juicio de la administración concursal esta forma de enajenación es más favorable para los intereses del concurso. Para el inversor es beneficiosa la nueva redacción, pues supera el peligro de que la integridad de la unidad productiva se vea perjudicada porque el acreedor ejercite un derecho a que los bienes o derechos sujetos a garantía real y que sean parte de la unidad productiva se realicen separadamente. Por lo demás, operan otras modificaciones en el artículo 149 relativas a la transmisión con subsistencia o sin subsistencia de la garantía real.

Por último, el inversor que se plantee la adquisición de unidades productivas de empresas concursadas, ha de saber que el criterio de la administración concursal juega un papel influyente en las ofertas que los interesados presentasen al efecto, pues el nuevo apartado 5º del artículo 75.2 de la Ley Concursal, desplaza la responsabilidad de la primera valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas a la administración concursal, valoración que debe añadir a su informe.

*Cristina Montelongo es Asesor legal en el Área de Legal

La nueva gestión y control de los procesos por incapacidad (II)

29.08.2014 Creado por David Valladares Comments off

Para finalizar el repaso del Real Decreto 625/2014 de 18 de julio, en esta segunda parte analizaremos la tramitación de los partes médicos y expedición de altas por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el seguimiento y control de las prestaciones económicas derivadas de una incapacidad temporal.

Tramitación de los partes médicos y expedición de altas por el INSS

El facultativo que expida los partes de baja, confirmación o alta le dará dos copias al trabajador, una para él y otra para la empresa. En el plazo de tres días a contar desde el mismo día de expedición del mismo el trabajador ha de entregarle a la empresa una copia o bien de la baja o bien del parte de confirmación. En el caso del parte de alta, el plazo es dentro del as 24 horas siguientes a su expedición.

El Servicio Público de Salud o, en su caso, la Mutua, remitirán los partes de baja, confirmación y alta al INSS, telemáticamente, de manera inmediata o, en su caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición. Las empresas deben remitir al INSS de forma inmediata, y en todo caso, en el plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la recepción del parte, a través del Sistema Red, los partes de baja, confirmación y alta que les presenten los trabajadores.

Cuando el empresario hubiese abonado a un trabajador una prestación de incapacidad en pago delegado sin haberse compensado dicho importe en el pago de los seguros sociales, podrá solicitar al INSS o a la Mutua, según quien sea competente para la gestión de la prestación, el reintegro de las cantidades abonadas pero no deducidas.

La no remisión de los partes médicos al INSS podrá suspender, a propuesta de la entidad gestora o de la Muta, la colaboración obligatoria de la empresa en el pago delegado de las prestaciones económicas por incapacidad temporal.

Seguimiento y control de la prestación económica derivada de una incapacidad temporal

El INSS, o en su caso, las mutuas, ejercerán el control y seguimiento de la prestación económica realizando las actividades pertinentes tendentes a comprobar el mantenimiento de los hechos que originaron el subsidio.

Una de las medidas es que el INSS podrá disponer que los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal sean reconocidos por los inspectores médicos correspondientes. Igual facultad se le reconoce a las mutuas. La citación se le ha de comunicar al trabajador con una antelación mínima de cuatro días hábiles.

En dicha comunicación se le indicará que en caso de no acudir al reconocimiento, se suspenderá cautelarmente la prestación y, que si se sigue ausentando de forma no justificada en el plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha del reconocimiento, se extinguirá definitivamente el derecho al subsidio.

Si el trabajador justifica su ausencia antes de la fecha del reconocimiento o el mismo día del mismo, se podrá fijar una fecha posterior, comunicándole al trabajador la nueva fecha con la antelación comentada anteriormente.

Cuando el trabajador que haya sido citado por la entidad gestora no se presente en la fecha indicada, el Director Provincial correspondiente dictará una resolución, que se le comunicará al interesado, suspendiendo cautelarmente el subsidio e indicándole que tiene diez días hábiles, a partir de la fecha en que se produjo la incomparecencia, para justificar la misma.

Se sigue la misma operativa cuando la citación se realice por parte de la Mutua. En ambos casos, la entidad gestora o la Mutua comunicarán a las empresas y a la TGSS telemáticamente la suspensión acordada.

Si el trabajador justifica su ausencia dentro de los diez días hábiles siguientes, el director provincial del INSS dictará nueva resolución, o la Mutua nuevo acuerdo, dejando sin efecto la suspensión cautelar y se rehabilitará el pago de la prestación con efectos desde la fecha en que se suspendió.

Si transcurren diez días hábiles desde la fecha en que, o bien el INSS, o bien la Mutua, citaron al trabajador y éste no justifica la incomparecencia, se dictará resolución declarando la extinción de la prestación económica con efectos desde el día en que hubiera sido efectiva la suspensión.

Como comentábamos al principio, hemos intentado reflejar los principales aspectos relacionados con la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal regulados por el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio.

Si necesitan un estudio más detallado no duden en contactar con nosotros, desde Audalia Asesores estaremos encantados de atender sus necesidades.

* David Valladares es Asesor Senior en el Área de Asesoría