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Impulso a la contratación de estudiantes

30.07.2014 Creado por Arancha Gonzalo Comments off

Recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley (RDL 8/2014, de 4 de julio) que pretende, entre otras cuestiones, impulsar la inserción de estudiantes en el mercado laboral, facilitando el desarrollo temprano de carreras de cotización y garantizando una adecuada cobertura de sus derechos sociales.

Para ello se establecen nuevas bonificaciones a las prácticas académicas (por otro lado obligatorias para la obtención del título), de estudiantes universitarios y de formación profesional, siempre que medie una retribución económica.

Hasta ahora, por la normativa anterior, estos estudiantes tenían la condición de personas asimiladas al alta a efectos de su integración en la Seguridad Social, y la empresa que los contrataba como estudiantes en prácticas, cotizaba por ellos casi 35 euros mensuales.

Con la nueva normativa, y con efectos para las nuevas prácticas de estos afortunados alumnos a partir del 1 de agosto de 2014, dicha cuota empresarial de casi 35 euros quedará bonificada al 100%, sin que se haya dado efectos retroactivos a los estudiantes que estuviesen ya contratados anteriormente.

Desde el punto de vista de gestión, la Tesorería de la Seguridad Social nos confirma que la comunicación online del alta bonificada no está aún desarrollada; no obstante, aunque haya que incluir algún código adicional para la aplicación de dicha bonificación, el proceso de alta se informará como hasta ahora se venía haciendo.

Confiemos que este pequeño estímulo en el coste de la contratación de estos alumnos ayude a que puedan cubrir sus periodos de prácticas tan importantes en su etapa de formación académica.

*Arancha Gonzalo es Asesora Laboral en el Área de Asesoría.

Penalizaciones por despidos a mayores de 50

27.05.2011 Creado por Arancha Gonzalo Sin comentarios

El ejecutivo presentó hace unas semanas una enmienda al proyecto de ley que reforma las políticas activas de empleo. Dicha enmienda obligará a las grandes empresas que presenten un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a realizar una aportación económica que se destinará, “total o parcialmente”, a financiar el coste del paro de los trabajadores de más edad (mayores de 50 años).

De acuerdo con la enmienda del grupo parlamentario socialista, las empresas de más de 500 trabajadores que hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a la autorización de un ERE -y aún concurriendo las causas económicas, técnicas organizativas o de producción que lo justifiquen- tendrán que hacer “una aportación económica al Tesoro Público” para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.

Para el cálculo de dicha aportación se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el ERE, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. Asimismo, se tendrá en cuenta una escala trazada en función del número de trabajadores de la empresa y el de aquellos mayores de 50 años afectados por el despido colectivo, así como de los beneficios de la empresa, estableciéndose  reglamentariamente el procedimiento, la forma y el momento en que deberá hacerse efectiva la aportación. 

La enmienda entraría en vigor antes del verano, ya que se enmarca en un proyecto de ley que se tramita por procedimiento de urgencia, aunque el resto de grupos deberá determinar si da apoyo finalmente a la propuesta del Gobierno. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Valeriano Gómez, titular de Trabajo, quien afirmó que es “razonable, equitativo y justo” que las empresas con beneficios que pretendan ajustar sus plantillas a través de prejubilaciones compensen al Estado.

José Antonio Alonso, portavoz parlamentario del PSOE, aseguró que con esta propuesta se pretende “decir basta” a que estas empresas lleven a cabo ERE de manera “inaceptable”. Así, “si alguien quiere jubilar anticipadamente, que lo haga a su exclusivo coste”, porque los Expedientes “no están para empresas con beneficios”, principalmente porque es la hacienda pública quien paga.

*Arancha Gonzalo es Asesora Laboral en el Área de Asesoría.